Expertos y líderes indígenas señalan que Ley 30723 afectaría áreas naturales protegidas y reservas indígenas habitadas por pueblos en aislamiento.
El Congreso de La República aprobó hoy (lunes 22) una polémica ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali.
La nueva Ley 30723, que se sustenta en el Proyecto de Ley 1123 presentado por la bancada fujimorista en diciembre del año pasado, a iniciativa del congresista Glider Ushñahua, ha generado serios cuestionamientos debido a que la construcción de carreteras en esta zona del país pondría en riesgo territorios de diversos Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci) como los Mashco Piro, Isconahua, Amahuaca, entre otros que habitan la región Ucayali.
La presencia de los Piaci en la frontera de Ucayali con Brasil ha sido documentada y es la que ha promovido la creación de tres reservas indígenas como la de Murunahua (470 305 hectáreas), Mascho Piro (816 057 hectáreas) e Isconahua (298 487 hectáreas), espacios que estarían amenazados con esta nueva norma, según declaraciones de los líderes indígenas y expertos consultados por Mongabay Latam, además de la Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti, aún no categorizada.
Cualquier vía en esta zona afectaría también a seis áreas naturales protegidas: los Parques Nacionales Alto Purús, Cordillera Azul, Sierra del Divisor; las Reservas Comunales Purús y El Sira; y el Área de Conservación Regional Imiria.
Ruth Buendía, lideresa indígena ganadora del Premio Goldman 2014 y actual secretaria de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), dijo a Mongabay Latam que tanto los pueblos indígenas como las organizaciones que los representan están en contra de la ley, porque afecta territorios de los Piaci. “Mientras no haya seguridad jurídica para los territorios de los pueblos indígenas no se debería construir carreteras que pueda vulnerar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”, declaró Buendía.
La líder indígena señaló, además, que primero se debe garantizar la titulación de sus territorios, pedido que vienen reclamando desde hace varias décadas, antes de emitir leyes para construir carreteras que afectarían sus territorios.
En otro momento, Buendía recordó el discurso que el papa Francisco ofreció ante más de 3000 indígenas en Puerto Maldonado, Madre de Dios, en el que el sumo pontífice se refirió a los pueblos en aislamiento y dijo: “Estoy pensando en los PIACI, sabemos que son los más vulnerables. Sigan defendiendo a estos hermanos. No podemos disponer de los bienes comunes al ritmo de la avidez”.
Al respecto, la lideresa indígena sostuvo que “el gobierno y los congresistas hacen lo que les da la gana, a pesar del discurso del papa Francisco en el que nos llamó la atención a todos, pero veo que ellos no acataron el discurso. Los congresistas han asistido y escucharon el discurso, pero solamente fue un saludo a la bandera”. Y agregó que los pueblos indígenas se están organizando para hacer protestas y reclamar por sus derechos.
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA por su sigla en inglés), señaló que “los pueblos indígenas, en múltiples oportunidades, han expresado su oposición a la construcción de este tipo de caminos y carreteras, y han incluso denunciado a las autoridades que las han construido violando las leyes nacionales”.
La experta de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos fue muy clara en precisar que se trata de una “ley muy peligrosa que podría acelerar la construcción de carreteras que ya han sido objetadas en múltiples oportunidades por el propio poder ejecutivo, por las comunidades y organizaciones indígenas, y por la sociedad civil peruana”.
Protección de zonas reservadas
Esta norma, según los expertos consultados por Mongabay Latam, permitiría la construcción de la carretera Puerto Esperanza-Iñapari que afectaría 275 000 hectáreas de bosques primarios.
Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo le explicó a Mongabay Latam que la Constitución del Perú establece la protección de las Áreas Naturales Protegidas, de la biodiversidad y de los pueblos indígenas. Además señaló que el Convenio 169 de la OIT también es parte del derecho constitucional del Perú, por lo tanto, “ninguna autoridad nacional ni regional puede incumplir lo que establecen estas normas constitucionales”.
“En esa línea, la Defensoría del Pueblo recordará a las autoridades nacionales y regionales que esta ley no puede implementarse vulnerando o violando las leyes vigentes sobre ANP (áreas naturales protegidas) y pueblos indígenas. Si bien ha sido publicada, no puede ser implementada vulnerando la constitución”, dijo la especialista y recordó que para que se pueda construir cualquier infraestructura tanto en áreas protegidas como en territorios indígenas tienen que existir de por medio opiniones técnicas de instituciones como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y del Ministerio de Cultura.
Asimismo, Abanto precisó que solo un artículo de la nueva ley precisa que esta norma se emite “bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan”. Por lo tanto aseguró que la Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante sobre las acciones que adopten bajo esta norma los gobiernos regionales y locales, así como el Ministerio de Transporte, Provías Nacional y otras instituciones.
Un territorio amenazado
Los primeros días de enero de este año, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés) publicó un mapa que daba cuenta de los riesgos que significaría la promulgación de esta norma.
En el informe de MAAP que evalúa de manera permanente la deforestación en la Amazonía peruana se señala que “una de las principales propuestas (que se ejecutaría bajo esta ley) es la construcción de la carretera Puerto Esperanza-Iñapari (277 km), a lo largo de la frontera con Brasil, en las regiones Ucayali y Madre de Dios”.
Matt Finer, investigador principal de MAAP, explicó a Mongabay Latam que le preocupa que con esta Ley “algunas autoridades tratarán de que se concrete la construcción de la carretera mencionada” y agregó que “MAAP ha realizado un análisis a la zona donde se implementaría la vía, evaluación que se hizo basada en la experiencia a lo largo de la Interoceánica. Así se estimó que alrededor de 275 000 hectáreas de bosque primario estarían en riesgo, incluso áreas naturales protegidas como la Reserva Territorial Madre de Dios, Parque Nacional Purús y la Reserva Comunal Purús”.
El experto de MAAP añadió que el Ministerio de Cultura y organizaciones indígenas como la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) han advertido que la carretera generaría un fuerte impacto en los pueblos indígenas en aislamiento que habitan en esta remota zona.
Finer también señaló que existen otros dos proyectos de ley parecidos, uno para la construcción de la carretera Iquitos–Saramiriza, en la región Loreto; y otro que cruzaría la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios. “Es preocupante que continúen intereses para construir nuevas carreteras que cruzan bosques primarios, a pesar de todo lo que sabemos de los impactos de este tipo de proyectos”, concluyó.
Urrunaga coincidió con Finer y explicó que existe “abundante evidencia —incluyendo impactantes imágenes satelitales— de la destrucción que generan carreteras como las que promueve esta nueva ley y que pasan sobre bosques primarios” y añadió que en la selva, “el 95 % de la deforestación ocurre a menos de 6 km de los caminos. Las carreteras que atraviesan la Amazonía son una amenaza en contra de nuestra multiculturalidad y la biodiversidad”.
Medidas legales
La congresista María Elena Foronda, del grupo parlamentario Frente Amplio, manifestó su indignación por la promulgación de esta norma. “La Ley 30723 consolida la orientación primaria exportadora del gobierno de PPK (Pedro Pablo Kuczynski) que ha suscrito una alianza con el fujimorismo para llevar adelante propuestas de ley que estarían violando procesos de consulta previa y violentando las ANP, así como vulnerando los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario”, explicó la congresista y agregó que su bancada está evaluando presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley.
“Cualquier iniciativa que venga de parte del Congreso se debe hacer en alianza con los pueblos indígenas”, dijo y recordó que desde que el Estado peruano suscribió el Convenio 169 de la OIT sobre Consulta Previa, asumió esta norma como parte del derecho constitucional, lo que implica que esta nueva ley no puede ir en contra de los mandatos de la Constitución.
La parlamentaria también se refirió a la visita del papa Francisco y dijo que pese al mensaje recibido de parte del sumo pontífice, el gobierno peruano y el Congreso continúan impulsando leyes que promueven la depredación de la selva y que permiten el ingreso de madereros ilegales, de minería ilegal e informal.
Debido a que el presidente de la República no observó ni promulgó la norma en el plazo correspondiente, esta ley fue promulgada por el Congreso de la República en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la República, según se precisa en la norma publicada en el diario oficial El Peruano. (es.mongabay.com)
