Comisión investigadora cuantifica daños económicos por más de 298 millones de dólares

Congresista, César Villanueva

No encuentra indicios de responsabilidad en comunidades nativas y recomienda al Ministerio Público investigar posible delito de colusión de funcionarios de Petroperú.

No solo ineficiencia, ineficacia, indolencia y abandono del Estado, sino incluso hasta presuntos delitos penales y fuertes indicios de corrupción en funcionarios de Petroperú son las principales conclusiones del informe en mayoría presentado por la comisión investigadora del Congreso encargada de investigar y determinar las responsabilidades de funcionarios y personas naturales e instituciones públicas y privadas responsables por los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto Norperuano.

“Los derrames ocurridos entre el 2008 y el 2016 no solo han dejado graves problemas sociales, ambientales y económicos para el país, y la Amazonía en particular, sino que además evidencian posibles delitos y hechos de corrupción o cuando menos intolerable y llamativa incapacidad de algunos funcionarios en Petroperú”, señaló el presidente de la referida comisión, congresista César Villanueva Arévalo (APP).

COMUNIDADES NATIVAS EXENTAS DE RESPONSABILIDAD

El informe presentado ante el Pleno del Congreso precisa en su conclusión 14 que “no se han encontrado indicios razonables que permitan establecer vínculos y responsabilidades en las comunidades nativas frente a los derrames ocurridos en el oleoducto por acciones de terceros”.

Por el contrario, advierte que Petroperú contrató a empresas sin experiencia suficiente y la capacidad financiera adecuada para brindar servicios de remediación por sumas millonarias, amparándose en vacíos normativos de sus reglamentos de contrataciones.

“Esto nos lleva a presumir que los funcionarios encargados de atender las emergencias ambientales por los derrames petroleros habrían concertado contrataciones directas con los representantes legales y dueños de empresas para fines de beneficios personales indebidos, presumiéndose incluso la posible existencia del delito de colusión”, advirtió Villanueva Arévalo, recalcando que ello debe ser investigado por el Ministerio Público.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS ASTRONÓMICAS

El titular de la Comisión Investigadora también detalló que las pérdidas económicas generadas llegarían a la suma de 979,5 millones de soles aproximadamente (más de 298 millones de dólares), entre los daños ambientales producidos; los gastos de limpieza, recuperación y remediación, y las pérdidas de ingresos operacionales por paralización.

“Ello sin considerar los mil quinientos millones de soles de pérdidas denunciados por el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú”, acotó Villanueva Arévalo.

El informe remarca que organismos e instituciones como la PCM, el Minem, Minsa, Ministerio de Vivienda y Construcción, Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, Osinergmin, OEFA, ANA, Serfor, la Contraloría evidenciaron grave descuido con las comunidades indígenas amazónicas al actuar frente a los problemas suscitados con medidas ineficientes, improvisadas, antitécnicas, antieconómicas e insostenibles”.

RECOMENDACIONES

Entre las 23 recomendaciones efectuadas en el informe en mayoría destacan, entre otras, las dirigidas al Congreso y al Poder Ejecutivo para incluir en sus agendas la implementación y seguimiento de normas legales, políticas, programas especiales, parámetros técnicos-ambientales estandarizados, protocolos oficiales, monitoreos, estudios destinados a medir el impacto de los derrames.

Además recomienda también que “la gestión del Oleoducto tenga como uno de sus ejes principales priorizar el desarrollo de las comunidades nativas en un marco de sustentabilidad y sostenibilidad, así como una adecuada compensación por las afectaciones sufridas en servicios y oportunidades para el ejercicio pleno de sus derechos”.

“Continuar con el estado actual de las cosas solo garantizaría el fracaso del Oleoducto y de otras importantes inversiones que ya han sido iniciadas, como la modernización del refinería de Talara, o se tiene previsto iniciar, como la explotación del Lote 192; pero también continuaría contribuyendo al grave problema de la corrupción en el país”, sentenció César Villanueva.