Dice doctor Aldo Atarama Lonzoy:
El presidente de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Aldo Atarama Lonzoy hace conocer sobre el trabajo a desarrollar, mencionó que estamos trabajando con el nuevo código, pero igual, en la sala liquidadora también aplicábamos en lo que correspondía hacerlo, porque como dice la norma todo lo que favorece al imputado se puede aplicar, son normas constitucionales y que están contenidas en las normas internacionales de derechos humanos. Es indudable que los procedimientos son más ágiles, tienen otra perspectiva y en esta sala están todos los últimos procesos que se vienen desarrollando en la sociedad loretana.
Referente a los denominados casos emblemáticos y que se van ver en esta sala de apelaciones dijo que hasta la fecha nosotros no tenemos ninguno de esos casos que la prensa denomina emblemáticos, para nosotros todos los procesos son iguales y le damos el mismo tratamiento y la rapidez que se requiere, como son de lavado de activos, de funcionarios públicos, o de un humilde ciudadano que están en el penal, por lo que esperamos seguir dando el mismo tratamiento, pero si bien es cierto que los delitos de corrupción de funcionarios afectan más socialmente a la gente, a esos procesos le vamos a dar el mismo trato que a un proceso cualquiera que llega. Lamentablemente los retrasos que hay en la corte no estriban en la sala penal, sino en el colegiado, porque lamentablemente contamos con uno, pero se está coordinando para que se creer otro y se pueda dar celeridad a los casos, aunque estamos con otro colegiado pero el juez tiene que venir desde la ciudad de Nauta para poder atender los casos.
Recalcó que es muy importante que la prensa entienda y la población también que nos faltan órganos jurisdiccionales, no obstante esa deficiencia los procesos son más rápidos, pues comparado con los procesos en liquidación duran hasta diez años como el último caso del mercado modelo que ya ha sido sentenciado, pero, la gente quiere que se resuelva un caso de la noche a la mañana.
Sobre el tema de la justicia indígena que estaría perdiendo peso ante la justicia occidental, la razón que hay en el penal de Iquitos cada día más indígenas sentenciados por diferentes motivos, dijo que nosotros estamos de acuerdo que en las comunidades nativas y campesinas se administre justicia, eso está en la Constitución en su artículo 149, pero también el asunto está cuando las propias comunidades no juzgan y más bien habilitan a la justicia occidental para que juzguen a los que cometen delitos dentro de sus propias comunidades, en ese caso hay una renuncia tácita o explicita para que la justicia occidental juzgue esos delitos, y eso es lo que ha ocurrido cuando se emitió sentencia contra un shipibo-conibo , a quien le hemos puesto traductor y se ha respetado todos sus derechos, además se ha evaluado el delito que es por la violación contra la libertad sexual contra una menor de doce años.
En nuestra resolución se ha aplicado el convenio 169 de la OIT, que dice y establece que cuando se tenga que juzgar indígenas lo hagamos bajo los principios y respetando sus costumbres y su cosmovisión. Lo que hemos encontrado es que tampoco en las comunidades indígenas se aceptan la violación de menores de edad y; cuando se produce estos delitos en las comunidades indígenas en muchas de ellas los casos terminan hasta con la pena de muerte para el agresor. Nosotros simplemente lo que hemos hecho conforme lo que manda el artículo diez del convenio 169, le hemos puesto una pena proporcional y racional, porque si se ha comprobado que se ha cometido este delito.
En este proceso no hemos estado ante una convivencia entre menor de catorce años, estamos hablando de una persona que teniendo su familia y viviendo en una comunidad distinta al que es originario tuvo relaciones sexuales con una niña de doce años, es por eso que lo hemos condenado porque le hemos encontrado responsabilidad y, la pena es bastante acorde a lo que establece el convenio 169, por lo que no se aplicó la pena grave que establece el artículo 273 del código penal sobre violación sexual.
Hay un intercambio entre justicias, es como lo que ocurre, yo, Estado peruano, quiero traer a alguien que ha cometido un delito en el Perú, pero que en la fecha está viviendo en EEUU, y pido a la justicia de ese país para que sea juzgado con nuestras propias leyes; igual pasa en la justicia peruana, yo justicia occidental tengo un intercambio con la justicia indígena, es decir; si la justicia indígena ya lo juzgó y se demuestra simplemente ya no se hace nada, pero si la justicia indígena no lo ha juzgado y entrega a la justicia occidental tenemos que juzgarlo, pero con sus costumbres y aplicando la proporcionalidad de la sanción.
El convenio 169 también nos dice que no es bueno privar la libertad a los indígenas, pero, va depender de la proporcionalidad de la pena que tiene el delito, en este caso del shipibo-conibo estamos hablando de una pena no menor de treinta años, pero nosotros le hemos puesto solo ocho años y basándonos en los principios de racionalidad.
Aldo Atarama dijo también que estamos obligados a aplicar todos los acuerdos de los plenarios nacionales sobre justicia indígena, porque son normas de interpretación, además el convenio 169 es de obligatorio cumplimiento, de lo contrario el Estado peruano puede ser investigado y sancionado.
Referente a las resoluciones que deben ser predictibles, mencionó que creo que todos en el Perú estamos en un proceso de cambio con el tema de la inclusión, recién estamos dándonos cuenta que los pueblos indígenas merecen todo el respeto que la historia les ha negado, y que el propio occidental ha pretendido sojuzgarlos y hasta desaparecerlos, esto no es ninguna novedad, pues en la historia del Perú se habla de genocidios de grupos indígenas y hoy se está tratando de rescatarlos, para respetarlos con todas sus creencias y sus costumbres, no todos los peruanos creen que los indígenas tienen una igualdad de derechos como nosotros los occidentales, enfatizó.
