Publicación revela que la mayor parte de la madera que se exportó en el año 2015 era de origen ilegal o de procedencia desconocida.
En el 2015 se concretó la más grande incautación de madera ilegal enviada desde el Perú hacia mercados internacionales de República Dominicana, México y los Estados Unidos. La llamada Operación Amazonas demostró, en ese momento, que en promedio el 91.3 % de la madera transportada por la embarcación Yacu Kallpa —embarcación que salía del puerto de Iquitos, en la Amazonía peruana, llevando madera a mercados internacionales— provenía de fuentes ilegales.
Ahora, más de dos años después, una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency – EIA) que acaba de ser publicada bajo el título El momento de la verdad: oportunidad o amenaza para la Amazonía peruana en la lucha contra el comercio de la madera ilegal, demuestra que “un alto porcentaje de la madera que sale del Perú continúa siendo ilegal”.
La documentación revisada por la organización ambientalista —cuya investigación se realizó en coordinación con el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL)— corresponde a las inspecciones realizadas en el año 2015, de manera aleatoria, por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Lima, una oficina del Serfor que tiene un puesto de control en el puerto del Callao, el más importante del Perú.
La data entregada por la oficina del Serfor en el Callao, revisada por la organización ambientalista, revela que solo el 16 % de la madera de los cargamentos seleccionados como muestra por la autoridad forestal para ser verificados era de origen legal.
Por el contrario, el 17 % corresponde a tala ilegal y/o lavado de madera, según la verificación de información que hizo la EIA con las inspecciones realizadas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) en los puntos de donde provenía esta madera.
En cuanto al 67 % restante, no se logró determinar la procedencia, ya sea porque los puntos no han sido aún verificados por el Osinfor o porque no se proporcionó la información suficiente para poder constatar la legalidad del lugar de extracción. Es decir, el origen de la mayor parte de la madera que sale del Perú se encuentra en una nebulosa.
Julia Urrunaga, directora de Programas Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), dijo a Mongabay Latam que la información analizada “demuestra claramente que hay un status quo que no se preocupa por la legalidad de la madera a la hora de exportar. Es un problema grave sobre todo porque desde hace una década existe información sobre el alto riesgo de ilegalidad de la madera peruana. Los exportadores en lugar de tomar acciones concretas siguen argumentando que la adquisición de su madera la hacen de ‘buena fe’. No es una respuesta razonable de un sector que debería actuar responsablemente”.
Siguiendo la pista a la madera
Expertos temen que la falta de transparencia en la exportación de madera ocasione el cierre de mercados internacionales a Perú.
De acuerdo con el informe del EIA, la muestra analizada en el Callao corresponde a un 41 % del total anual de las exportaciones de madera del Perú y su valor calculado es de US$ 39 954 140, según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
De acuerdo a este análisis, las exportaciones de madera peruana van a 35 países en cinco continentes, siendo los principales importadores China (42 %), República Dominicana (20 %), EE.UU. (10 %), México (9 %), Francia (4 %), y Holanda (3 %).
Como parte del análisis se evaluaron también las Guía de Transporte Forestal (GTF), documento en el que se indica el lugar de extracción de la madera. Las GTF forman parte de las actas de inspección del Serfor. En el año 2015, se realizó la más grande incautación de madera peruana a bordo del barco Yacu Kallpa.
Julia Urrunaga explicó que para conocer la procedencia de la madera cuyo origen no se pudo determinar, el EIA desarrolló un sistema de categorías de riesgo a partir de verificaciones previas. De la evaluación de las 855 actas de inspección se concluyó que el 44 % tenía un riesgo alto de ser madera ilegal, el 20 % tenía riesgo medio y solo el 36 % era de riesgo bajo.
“Nuestro análisis demostró que las dos terceras partes de la madera de la cual no conocemos su procedencia tiene riesgo medio o alto de ilegalidad”, puntualizó.
La madera ilegal y la que no pudo ser analizada llegaron hasta importadores en 18 países y existe información que sugiere que los exportadores buscan documentos con “luz verde” o imposibles de rastrear para exportar madera hacia estos países.
Lo que más preocupa a Urrunaga es la ausencia de información para los años 2016 y 2017. Explicó que luego de que el EIA solicitara en reiteradas oportunidades al Serfor las actas de inspección de los dos últimos años, recibió solo 23 actas del 2016. En tanto, para el 2017, Serfor no envió documento alguno.
“No solo eso —dice Urrunaga— para el 2016 se ha cambiado el formato de las actas de inspección y se han eliminado de ellas datos básicos como la información del importador y del exportador. A nosotros nos hubiera gustado saber si luego del escándalo internacional que significó la Operación Amazonas, hubo avances, pero sin información no es posible. Cómo el Estado puede demostrar que se exporta solo madera legal, si no cuenta con la información que lo demuestre. Lamentablemente se ha retrocedido”.
Mongabay Latam buscó la versión del Serfor, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta alguna.
Una tarea pendiente
Más del 90% de la madera de los bosques locales supervisados durante el año 2015 resultó ser de procedencia ilegal.
El Procurador público especializado en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, señaló que no se cuenta con data oficial sobre la exportación de madera. “No hay un estudio serio que indique cuánta madera es exportada ilegalmente. Además, un porcentaje de esta se queda en el mercado interno de Perú. El caso Yacu Kallpa nos dejó cifras alarmantes, más del 90 % de la madera que se encontró en esas inspecciones era ilegal. Pero a partir de una incautación no podemos generalizar, tenemos déficit de información”, comentó.
No obstante, dijo que a partir de la experiencia de la Operación Amazonas se han logrado algunos avances. “Se han implementado mejores controles a partir de la intervención de Osinfor como entidad fiscalizadora de los recursos forestales. Esta institución cuenta, por ejemplo, con el sistema de alerta SIGO, que informa sobre los cargamentos que podrían ser de alto riesgo. Así, nos adelantamos a supervisar lugares de donde podría salir la madera ilegal”.
Mencionó también el decreto legislativo 1220 que permite la interdicción para casos de tala ilegal. “Si unimos estos mecanismos estamos entrando en un escenario de persecución ideal contra los delincuentes”, agregó. Sin embargo, comentó también que aún falta avanzar en la desarticulación de las organizaciones criminales que viven de la tala ilegal. “Y ahí encontramos organizaciones que tienen dentro de sus filas a funcionarios públicos de gobiernos regionales. Por eso, tenemos que evaluar cómo se hace el control. Es más fácil controlar a las 20 o 25 regiones, que el espacio físico de la Amazonía. Esa es una tarea pendiente”, dijo.
¿Cómo se lava la madera?
Según explica el estudio, para que los comerciantes obtengan los documentos legales para transportar árboles talados ilegalmente de parques nacionales, bosques del Estado, o de reservas indígenas donde no es posible que haya autorizaciones para una extracción comercial, lo primero que hacen es crear inventarios con información falsa o engañosa como parte de la preparación de sus Planes Operativos Anuales (POA).
En muchos de los casos, los árboles registrados en los mapas y listas que los operadores madereros adjuntan como parte de la documentación de sus Planes Operativos Anuales (POA) no existen en el bosque, sino que son simplemente inventados. En otros casos, los árboles sí existen, pero están en concesiones o comunidades demasiado remotas como para que su extracción comercial sea económicamente viable —se trata de árboles reales, pero no hay intención verdadera de talarlos.
Los Planes Operativos Anuales deben ser firmados por un profesional forestal y aprobados por las autoridades regionales forestales. “Con los documentos aprobados, estos árboles ya son ‘legítimos’, aunque la información de sustento sea falsa. Los funcionarios locales suelen tener pleno conocimiento del tema y son cómplices en este proceso”, se precisa en la investigación.
Otra modalidad para el lavado de la madera se da en los ‘bosques locales’, es decir, aquellos que son gestionados por las autoridades regionales. Estos bosques han servido en gran medida como máquinas de lavado de madera ilegal, precisa el estudio de la EIA, con mucha menos supervisión de la que reciben otros tipos de fuentes de madera.
La información sobre los bosques locales prácticamente no era reportada por los gobiernos regionales a Serfor o al Osinfor. A partir del 2015, cuando el Osinfor empezó a ingresar a los bosques locales de manera más consistente —primero con el gobierno regional de Loreto, donde se encontraban casi todos los bosques locales, y luego a pedido de la Sunat durante la Operación Amazonas— se pudieron documentar irregularidades casi generalizadas, con porcentajes de ilegalidad más altos que los encontrados en concesiones, comunidades, o predios privados. En total, más del 90 % de la madera de los bosques locales supervisados durante el 2015 resultó ilegal, precisa la investigación de EIA.
Riesgos en mercados internacionales
Estados Unidos ha empezado a tomar medidas serias para reducir la importación de madera ilegal peruana —indica el informe— incluyendo la detención de cargamentos hasta que se entregue la documentación suficiente para que se compruebe el origen de recurso. Un caso que demuestra las sanciones internacionales ocurrió con Inversiones La Oroza, uno de los mayores exportadores del Perú, cuya madera se comprobó era en su mayoría de origen ilegal. La empresa ha sido sancionada con tres años de prohibición de las importaciones.
Julia Urrunaga manifestó su preocupación sobre la posibilidad de que la madera que sale de Perú no pueda ingresar a una serie de mercados internacionales. Sobre todo a los que cuentan con leyes que obligan al importador a demostrar que se trata de madera legal, como ocurre en Estados Unidos con la Ley Lacey, que sanciona la importación o comercialización de productos maderables extraídos ilegalmente.
“Vivimos en un mundo en que los exportadores y los países de destino cada vez piden más garantías sobre la procedencia legal de la madera. Es lamentable para el propio sector exportador peruano, si es que el Estado no asume su compromiso para rastrear la madera y verificar la legalidad de su origen. Estados Unidos y la Unión Europea ya cuentan con normas que cierran sus puertas a la madera ilegal”, sostuvo la representante de la EIA.
Para Rolando Navarro, ex presidente ejecutivo del Osinfor —quien fuera cesado en su cargo durante el tiempo en que se realizaron las incautaciones a la embarcación Yacu Kallpa— si es posible hacer el rastreo de la madera desde el bosque hasta la exportación y viceversa. “Es algo que hicimos durante los operativos internacionales Operación Amazonas 2014 y 2015, con ayuda de la información de las Guías de Transporte Forestal (GTF) brindadas por la SUNAT. Así descubrimos que más del 96 % de madera que fue trasladada en la embarcación del Yacu Kallpa, en diciembre del 2015, tenía procedencia ilegal”, explicó el experto.
Navarro, quien actualmente forma parte del staff del Centro para el Derecho Internacional Ambiental, señaló que muchos empresarios afirman que no se puede realizar la trazabilidad de la madera desde el bosque, y cuestiona, entonces, por qué solicitan beneficios tributarios a la Sunat por sus exportaciones. “Si para acogerse al beneficio presentan como sustento las GTF de la madera exportada, significa que este documento tiene el sustento real de la procedencia de la madera desde el bosque hasta el final de la cadena. De no ser así, deberían devolver todos los millones que recibieron por acogerse a este beneficio desde 1994”, precisa Navarro en relación a los beneficios establecidos en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.
El exjefe de Osinfor coincidió con Urrunaga sobre los peligros de que se cierren los mercados internacionales a la madera peruana. “El Estado peruano y el grupo empresarial deben tomar medidas profundas para garantizar el comercio legal de madera y convertirse en un referente en el manejo forestal y comercio de maderas tropicales en el mundo. Estamos frente a una gran oportunidad de cambio”.
Recordó que gracias a la Operación Amazonas, se logró poner en blanco y negro lo que era un “secreto a voces” y evidenciar las estructuras y redes organizadas que realizan actividades de comercio ilegal de madera.
Para el procurador Guzmán, la única forma de luchar contra la tala ilegal es trabajar de manera conjunta y coordinada entre todas las instituciones relacionadas con el sector forestal. “No hay otra forma de ganar esta batalla si no trabajamos de manera aliada con una visión única sobre este tema”.
Guzmán considera importante la actualización de la Estrategia de lucha contra la tala ilegal. “No podemos hablar de lucha contra la tala ilegal que compromete a más de una institución si no tenemos una estrategia clara de cómo hacerlo, de lo contrario tendremos esfuerzos aislados. Hasta que no tengamos esta estrategia aprobada no podemos hablar de esfuerzos sincronizados” manifestó. (es.mongabay.com)
