Sin Consulta no hay petróleo:
El Ministerio de Energía y Minas, el Viceministerio de Interculturalidad y la agencia de negociación Perupetro conforman el rostro de la desconfianza. Desde inicios de la década de 1970, los gobiernos en Perú han priorizado la actividad petrolera a los derechos fundamentales de la población indígena. En noviembre de este año se cumplen 47 años de actividad en el lote, tiempo en el cual se han contaminado ríos, lagunas, suelos y ecosistemas frágiles, tal como lo ha comprobado el propio Estado peruano en varios estudios oficiales.
La zona más antigua de explotación petrolera en Perú, el Lote 192, está en la mira del país, nuevamente. Comunidades y organizaciones de los pueblos achuar del río Corrientes, quechua del río Pastaza y kichwa del río Tigre, reclaman que el Gobierno realice una consulta previa en sus territorios, pues se avecina un nuevo operador por 30 años más de actividad.
La ley nacional y las normas internacionales amparan a los indígenas, la voluntad política del Gobierno no. En una reciente reunión con autoridades públicas decisorias, representantes de 16 comunidades no obtuvieron una respuesta que asegure su derecho a consulta. Los funcionarios señalan que no pueden “adelantar opinión” pues hay un contrato vigente hasta enero de 2019. Las comunidades exigían un acta donde, más allá de fechas, se señale que se respetará su derecho a consulta. El diálogo se rompió.
Las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT y sus comunidades desconfían profundamente del Estado. Han denunciado poca transparencia ante las gestiones actuales para asegurar nuevo operador en el lote.
También han padecido reiteradas y flagrantes muestras de mala fe sobre su derecho a consulta. Exactamente hace dos años, estas mismas comunidades indígenas fueron excluidas del anterior proceso de consulta del mismo lote; ellas denunciaron el atropello de sus derechos. Aquella vez una movilización de más de 10 días y un acta de compromisos palió un conflicto que hoy rebrota.
