Corría el año 1996. El gobierno local en el que yo trabajaba había decidido cambiar el producto lácteo que distribuía a los niños mediante el Vaso de Leche. Se había determinado que la leche en polvo que venía en bolsas de 10 kilogramos contenía insumos que no contribuían a la nutrición de los niños beneficiarios conforme era el propósito del Programa. Era un producto agradable al olfato y al gusto, porque contenía ingredientes aromáticos, pero eso no necesariamente le convertía en nutritiva, según las pruebas de control de calidad que se habían efectuado. Decidimos entonces reemplazarla con leche evaporada.

Contrariamente a la práctica común, el gobierno local no cambió el producto porque se le ocurrió al alcalde, a un regidor o a un funcionario. Lo hizo mediante un proceso participativo, reconociendo y aplicando el principio de libre elección al que tenían derecho las integrantes de los comités de vaso de leche de la jurisdicción.  En sucesivas degustaciones y explicaciones de las diferencias nutritivas entre la leche en polvo aromatizada y la leche evaporada, así como de sus beneficios y riesgos, las madres acordaron que el producto a adquirirse debería ser la leche evaporada en lata.

Realizada la primera adquisición, ésta se distribuyó entre los diferentes comités. La supervisión que se realizó nos indicaba que un porcentaje de aproximadamente 1% del total de los niños sufrió diarrea después de su consumo. Eso representaba unos 12 niños de un total de 1,300 aproximadamente, los que fueron atendidos prestamente en el hospital del Ministerio de Salud. Diez de los niños provenían del barrio más pobre y estaban entre 4-5 años de edad, lo que nos hizo pensar que las causas podrían estar relacionadas a las condiciones de higiene en las que se preparó la leche. Entre las madres gestantes no se registró ningún incidente.

Un par de meses después, llegó sorpresivamente a la ciudad un equipo de la Contraloría. Pidieron documentación de la licitación y verificaron en el campo las entregas de insumos y su uso entre la población beneficiaria. No encontraron ningún problema allí. Hicieron, luego, un muestreo para conocer el grado de satisfacción de los usuarios, específicamente de los niños, según nos dijeron. En uno de los cincuenta comités -el barrio más pobre que he mencionado- las madres refirieron a los auditores el caso de los niños que tuvieron diarrea en el momento que iniciaron el consumo de leche evaporada.

Esa única referencia sirvió para que los auditores armaran un expediente, nos citaran varias veces a declarar a mí y a otros dos funcionarios, y finalmente nos abrieran un proceso por supuestamente poner en riesgo la salud de los beneficiarios. En nuestra defensa, no sólo presentamos los reportes de los promotores que efectivamente demostraban que los casos se concentraban en un solo comité, señalando la fecha precisa en que ocurrieron, sino que certificamos la actuación inmediata que tuvimos al producirse el hecho, acompañando el reporte oficial que hizo el médico jefe del Ministerio de Salud en el sentido de que los casos detectados se debían –con un alto grado de certeza- a lo que en medicina humana se denomina “intolerancia a la lactosa”. La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche materna y en otros lácteos, pero para poder digerirla el organismo necesita de una enzima llamada lactasa que, conforme avanza la edad, va reduciéndose en nuestro cuerpo.

Nada de eso sirvió, sin embargo. Ni siquiera que la intolerancia digestiva a la lactosa afectaba en ese tiempo al 2% de la población (los diez niños representaban el 1%, o sea por debajo del promedio), o que es infrecuente que sea peligrosa, o que finalmente, la intolerancia observada en los diez niños fue temporal. Faltaba no más que señalen que éramos culpables de que la enzima lactasa se haya reducido en el intestino delgado de esos diez niños. Igual, me sancionaron con tres días de suspensión sin goce de haberes.

La batahola duró cerca de un año y fue escandalosamente difundida en la pequeña ciudad. El informe del auditor virtualmente ordenaba que se volviera a comprar leche en polvo y no la leche evaporada que ya se estaba repartiendo, lo cual perjudicó gravemente a los niños, a su nutrición y a su desarrollo cerebral, en fin fregó a toda una generación, y de paso benefició al proveedor de leche en polvo en cuyo almacén se abarrotaba el producto que ya habíamos desechado. Una cuadriculadez del sistema de control encubierta en “el cumplimiento de la norma”.