Actualmente en nuestro país, las sociedades que se encuentran enlistadas en la Bolsa de Valores deben cumplir los principios contemplados en el Código de Buen Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas del año 2013, a fin de ser evaluados favorablemente por la Superintendencia del Mercado de Valores y que sus acciones sean bien cotizadas en el mercado; ya que son consideradas empresas transparentes, ordenadas y seguras.
En el sector público, las entidades peruanas se autorregulan con códigos de ética como políticas internas, los cuales muchas veces no se cumplen, y con políticas públicas emitidas por los gobiernos de turno. Sin embargo, no existe alguna institución que regule o audite políticas de buen gobierno dentro de estas entidades a fin de evaluarlas o calificarlas.
Quizá pensando en la auditoria y fiscalización de entidades públicas nos confundamos con la figura de la Contraloría General de la Republica; no obstante, dicha entidad se encarga de supervisar, vigilar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado, ello sobre las normas existentes ya sean civiles, penales o administrativas, pero no bajo la base de la figura de Buen Gobierno institucionalizada.
Entonces me pregunto ¿por qué si en el ámbito privado existen principios de Buen Gobierno, en el ámbito público no se puede replicar dicha figura?
Sobre el particular, es importante señalar que la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidades para Asia y el Pacífico, en uno de sus artículos resume el Buen Gobierno en las entidades públicas, bajo las siguientes premisas o características: Participación, Legalidad, Transparencia, Responsabilidad, Consenso, Equidad, Eficacia y Eficiencia, y Sensibilidad.
Asimismo, es necesario tener en cuenta el ejemplo del país hermano de Colombia, que a través de la Dirección Nacional de Planeación, entidad dependiente de la Presidencia de la Republica, institucionaliza el concepto de Buen Gobierno en las entidades públicas bajo 5 de los 8 principios que postula la Comisión ya mencionada:
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Colombia.
Considero que la implementación del Buen Gobierno en las entidades públicas es primordial, apoyándome en lo mencionado por la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidades para Asia y el Pacífico: [i]“el Buen Gobierno es un ideal difícil de llevar a cabo en su totalidad. Muy pocos países y sociedades han llegado a conseguir un buen gobierno en su totalidad. De todas formas, para asegurar un desarrollo humano sostenible, las acciones se deben tomar para trabajar hacia este ideal con el objetivo de convertirlo en una realidad.” (Yap Kioe Sheng: 2009)
En este orden de ideas, no me parece algo inviable el institucionalizar el buen gobierno en las entidades públicas, teniendo en cuenta que existe el Programa Buen Gobierno y Reforma del Estado, programa de cooperación acordado entre los gobiernos del Perú y de Alemania, que tiene como objetivo que instituciones públicas peruanas de los tres niveles de gobierno mejoren la prestación de sus servicios bajo los criterios de orientación a la ciudadanía y buena gestión pública.
Asimismo, contamos con la normativa necesaria (Ley del Servicio Civil, Ley de Presupuesto Público, Ley de Transparencia, etc.), e incluso en el año 2010 se aprobó el “Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno de los Gobiernos Regionales y Locales”, mediante el Decreto Supremo Nº 004-2010-PCM, que premia a los gobiernos locales que siguen los lineamientos de Buen Gobierno que emite la administración de turno, es decir no es de observancia obligatoria el cumplimiento de la políticas de Buen Gobierno, debido a que no existe sanción alguna por incumplirlas.
De acuerdo a lo desarrollado, podemos apreciar que, más allá de la fiscalización de las políticas públicas llevada a cabo por la Contraloría General o las premiaciones por el cumplimiento de lineamientos que da el Estado, si seguimos los principios internacionalmente contemplados e institucionalizamos la cultura del buen gobierno mediante una institución supervisora y sancionadora, mejoraría la actividad pública en todos sus frentes.
Miguel Angel Rojas Rios
Abogado
[i] http://www.unescap.org/sources/what-good-governance
