Por: Moisés Panduro Coral
Tenemos una larga trayectoria descentralista. Desde nuestra juventud hemos participado en las calles peleando contra el centralismo por la atención de las reivindicaciones más sentidas de nuestra región. Lo hicimos durante la dictadura militar que se quedó en el poder hasta 1980 que ante la presión popular dio el DL 21678 que otorga un canon del 10% a Loreto sobre la producción total del petróleo; lo continuamos en el gobierno democrático que le sucedió, promoviendo, a través del recordado diputado Orison Pardo, la Ley Nº 23538 del Canon Petrolero, que consagra este beneficio económico en el entendido que serviría para el desarrollo regional y no para los afanes crematísticos de autoridades infames.
Recuerdo el discurso del ex presidente Belaúnde en la campaña electoral del ochenta: “Vamos a dar a Loreto el canon petrolero no como una dádiva que se regala sino como una deuda que se paga a un pueblo que se merece”. Con esa frase barrió en las elecciones, aunque después fue obligado por el pueblo loretano a honrar su promesa a punta de paros y movilizaciones, dentro de los que estuvimos como dirigentes estudiantiles en las asambleas, en las marchas, en las barricadas, en la protesta popular que oteaba mejores destinos.
Ello no fue suficiente. Había una concentración del 100% de los recursos del canon petrolero en la entidad departamental de desarrollo que dirigía un funcionario designado por el gobierno central. Si un alcalde no era de las filas del gobierno tenía problemas para conseguir financiamiento para sus proyectos, y los estudiantes universitarios –pese a haber luchado por el canon- teníamos que realizar marchas y plantones para conseguir algo de ese recurso que ayudara a implementar laboratorios o bibliotecas; igual ocurría con los productores agrarios, los pescadores y los pequeños industriales, veían gastar el canon, pero nada llegaba para respaldar sus emprendimientos, y ni qué decir del naciente Instituto de Investigaciones que no tenía más que una pobre oficina en el centro de Iquitos.
El mismo Orison Pardo propuso que el canon petrolero se distribuya porcentualmente y con equidad para el desarrollo. De allí surge el artículo 8º de la Ley 24300 que establece el 40% para el nivel regional, 40% para los gobiernos locales, 5% para la UNAP, 3% para el IIAP y 12% para el fomento de actividades productivas en la región. Desgraciadamente, después, el uso del canon petrolero se fue prostituyendo hasta llegar a nuestros días en que más de la mitad del total se gastan en acciones intrascendentes, en planillas, en viáticos, en figuretismo, en naderías.
Y fue en el gobierno de Alan que, mediante la Ley Nº 29693, incorporamos al canon petrolero el 50% del impuesto a la renta de las empresas que explotan petróleo y de las que prestan servicios complementarios o accesorios a dicha actividad, e incrementamos del 10% al 15% el canon petrolero. El tiempo ha demostrado, sin embargo, que no basta con incrementar el porcentaje del canon petrolero, sino que se deben mejorar los estándares y el monitoreo de la calidad del gasto que las entidades públicas ejecutan con estos recursos, además de hacer justicia a favor de los pueblos. De aquí nace la propuesta del Plan Bicentenario de Alan García de establecer el canon comunal.
Por un lado, dictaremos medidas de control efectivo y constante del gasto que se ejecute con el canon petrolero para detener la farra presupuestaria que hasta hoy ha drenado los recursos destinados originalmente al desarrollo regional. Por otro lado, haremos que los pueblos asentados en un área de explotación ya concesionada reciban un canon comunal que vaya directamente a ellos para que de manera democrática y autónoma ejecuten sus obras en pro de su desarrollo, mientras que en los lugares donde no hay concesión, los mismos pueblos negociarán con las empresas la explotación de sus recursos. ¡A eso se llama calidad de gasto y justicia social!
